El gobierno de Rajoy acaba de modificar la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos y delega las competencias del alquiler turístico en las comunidades autónomas. En Baleares, el Govern Bauzá ha legalizado el alquiler turístico de chalets, que son la expresión territorial del tercer boom turístico. Ahora se debate la conveniencia de reglar el alquiler turístico de las viviendas plurifamiliares. A todos nos consta que muchas viviendas se alquilan ya ilegalmente. El debate político pasa por prestar atención a los pros y contras de este cuarto boom turístico que se plantea hacia los barrios residenciales.

Los usos turísticos se extienden por todas partes y, en un año de expectativas récord, la nueva ley Delgado, 8/2013 del turismo, posibilita legalizar chalets unifamiliares y adosados. Solo en Mallorca, por ejemplo, más de 226.000 edificaciones de las afueras pueden legalizarse como alojamiento turístico reglado. Así se potencia la urbanización difusa en el medio rural de Baleares, que legaliza la parcelación del campo. Por ejemplo, en Ibiza, en el Levante de Mallorca o Pollença, donde se han edificado miles de casas con piscina expresamente para el alquiler turístico. Los precios pueden alcanzar lo impensable con una afluencia creciente de turismo no reglado. Según la encuesta Frontur del Ministerio de Industria, 2,5 millones de turistas (el 24,6% del total) se alojan fuera de establecimientos reglados.

El segundo boom turístico, en los años 1980, se caracterizó por la proliferación de edificios de apartamentos, que fueron legalizados para superar el overbooking de los hoteles. Y el tercer boom añade la urbanización extensiva con chalets que ahora se legalizan, en los suburbios y en el medio rural. La ley Delgado posibilita la regularización de estos chalets, para favorecer los negocios inmobiliarios. Pero deja fuera de la legalidad 62.000 apartamentos y pisos que se emplean para el alquiler turístico, según la asociación Aptur de propietarios y gestores.

Ley a medida

Para entender lo que se puede legalizar y lo que no, necesitamos analizar el sentido de la legislación turística. El lobby hotelero ha redactado la ley Delgado del turismo, según nos han dicho sus propios representantes. Los hoteleros y su corte no esconden su poder en la Consejería balear de Turismo. Especialmente, desde que hicieron quitar la ecotasa en 2003. Más tarde, con Miquel Nadal y Joana Barceló de consejeros (2007-2011), se hicieron amnistiar ilegalidades urbanísticas y otorgar más edificabilidad en sus hoteles.

Una segunda, y tal vez más importante, característica de la ley Delgado es permitir el cambio de uso de los establecimientos hoteleros a su conveniencia. Los hoteleros resucitan establecimientos decadentes para hacer especulación inmobiliaria: convertir hoteles en viviendas, mezclar los usos turísticos y residenciales bajo la figura de condotel, hacer grandes discotecas, centros comerciales, casinos o salas de espectáculos. Los proyectos de Escarrer en Magaluf y Matutes en Platja d’en Bossa se adelantaron a una ley que se escribió a su medida. Porque esta mezcla de usos en los establecimientos turísticos antes estaba prohibida por la Ley 2/1999 General Turística. Su «principio de uso exclusivo» impedía compatibilizar el uso de alojamiento turístico con el residencial, administrativo o comercial. La LGT ahora derogada favorecía así la oferta complementaria y se promovía la segregación de usos urbanos.

Segregación de usos

La segregación de usos es consustancial al turismo de masas, sol y playa. Los hoteles de esta modalidad se concentran fuera de los núcleos residenciales. Los enclaves turísticos funcionan como un mundo aparte, con relajación de los hábitos de comportamiento. El planeamiento territorial y sectorial ha mantenido hasta ahora este equilibrio y estabilidad entre diferentes usos del territorio. En el caso balear, el Plan Territorial de Menorca diferencia núcleos tradicionales y zonas turísticas; también tratadas de forma separada en Mallorca e Ibiza por los planes de ordenación de la oferta turística.

Pero Baleares ya no es sólo un destino de turismo de masas, sol y playa. Rinde más especular urbanísticamente, hacerse notar en la prensa del corazón o hacer negocios ilegales. El turismo sólo es el condimento que nos pone en el ojo del huracán. La clave está, como siempre, en el que se lo maneja para hacérselo venir bien. Como hemos visto, se llega al punto de hacer promulgar leyes a medida.

Las leyes de los gobiernos Rajoy y Bauzá hacen ilegal alquilar otro tipo de viviendas plurifamiliares o adosados ​​sometidos al régimen de propiedad horizontal por plazos inferiores a dos meses. Al poder hotelero e inmobiliario, que redacta las leyes, no le interesa que se legalice más oferta de alojamiento turístico fuera de su control. Las propuestas para extender la legalización a todas partes pueden combatir el agravio del caciquismo hotelero con la socialización del alquiler turístico, pero hay que valorar el conjunto de pros y contras.

Si se legalizara el alquiler turístico de cualquier vivienda, la administración turística ingresaría más tributos, para empezar, con el cobro de unos 5.000 euros por plaza.

Socialización

La turistización total del alquiler turístico de viviendas generalizaría el privilegio que ahora solo tienen los hoteleros y los terratenientes especuladores con chalets. Esta socialización nos haría a todos más iguales… para acelerar el cuarto boom turístico. La regularización de viviendas turísticas ya se emplea para legalizar aberraciones urbanísticas por la puerta ancha de la Consejería de Turismo, por ejemplo de chalets en las afueras o de hoteles obsoletos, fósiles del primer boom. La legalización de todo el alquiler turístico acabaría de romper la segregación de usos, con más mezcla de turistas y residentes. También es seguro que los precios de las viviendas subirían con esta nueva rentabilidad rentista. Y aumentaría aún más la congestión turística. Un cuarto boom turístico se puede hacer realidad en nuestros barrios residenciales, si el capital o el electoralismo encuentran interés. En democracia, el debate político debería regir ante una decisión tan trascendente.