Licenciada en Física por la Universidad de las Islas Baleares (1999), Margalida Ramis ha trabajado en los ámbitos de la gestión energética y de los residuos y actualmente es la portavoz y responsable de campañas de Territorio y Recursos del Grupo de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), grupo ecologista de referencia en las Islas Baleares. Inició los estudios de tercer ciclo en el departamento de Geografía de la UIB como miembro del Grupo de Investigación Sostenibilidad y Territorio (GIST). Ha sido presidenta-fundadora de la ONG, Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares y se ha movido y participado en diversos ámbitos de los movimientos sociales en Mallorca: cooperación, cultura, lengua y territorio.

 

Durante el año 2012, el gobierno del Partido Popular en las Islas Baleares ha impulsado varios cambios legislativos en materia ambiental, en un contexto generalizado de crisis y políticas de austeridad, que parecen estar orientadas a favorecer las inversiones privadas, especialmente en el ámbito turístico e inmobiliario, incluso en áreas que gozaban de cierto grado de protección. ¿Nos podrías explicar cómo ha sido esta secuencia de iniciativas y qué lógica parece estar operando?

Desde principios de legislatura, los diferentes responsables políticos del Gobierno del Partido Popular han ido trasladando a la sociedad el mensaje de que la protección es un impedimento para la inversión privada y que ésta es casi la única que puede “salvar” la actual situación de crisis generalizada. En base a esta argumentación, el Gobierno se ha dedicado a impulsar iniciativas legislativas que han tenido como consecuencia una desregulación total y absoluta del urbanismo y la ordenación del territorio en las Islas Baleares. Una desregulación que el GOB ha denunciado que se hace a la carta de los intereses privados de agentes que siguen especulando con el territorio, ya sean grupos promotores o entidades financieras. En este sentido se han aprobado la Ley 7/2012 de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que impulsa un urbanismo tercermundista porque permite que núcleos sin servicios mínimos y sin infraestructuras básicas sean a partir de ahora zonas urbanas, deja el suelo rústico como un suelo libre y apto para edificar y favorece claramente infractores y especuladores en cualquier lugar, incluso en zonas protegidas como Cala Blanca, Es Guix o Muleta, y la nueva Ley 8/2012 de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares, que somete la ordenación urbanística a los intereses turísticos vinculados a la especulación sobre el territorio.

Playa de Magaluf. Fotografía de Lloydi. Licencia Creative Commons.

De alguna manera, estas iniciativas en el Parlamento balear están en sintonía con los cambios que ha promovido el gobierno del Estado por ejemplo con la reforma de la Ley de Costas. ¿Cuáles son los objetivos de esta reforma y qué implicaciones puede tener también por el litoral balear?

Con esta reforma, la ley pasa de ser una ley para la protección litoral a una ley que protege determinados intereses económicos en el litoral. Una característica común de todas estas iniciativas desreguladoras es la introducción de excepciones sin ningún tipo de justificación técnica ni sin ninguna valoración de las posibles implicaciones económicas, además de la introducción de indeterminaciones que permite resolver la aplicación de la normativa “según el caso”.

¿Cómo puede afectar todo esto a Mallorca? La ley impulsa cambios en la definición de los terrenos de dominio público, que se traducirá en una reducción de estas zonas. En el caso de Mallorca a menudo hay discusiones sobre las particiones. A partir de estas particiones se miden las servidumbres de tránsito y de protección, donde se restringen ciertos usos, especialmente los edificatorios. Una partición más cerca o más lejos puede afectar a la edificabilidad de los terrenos de atrás. Por otra parte, muchas dunas dejarán de ser de dominio público. Hasta ahora en algunos lugares el dominio público incorporaba dunas interiores, que ahora, justificantes que no son necesarias para el mantenimiento de la playa, dejarán de formar parte de lo público. Un error atendiendo que igualmente el mantenimiento de estas dunas tienen efectos sobre las dinámicas litorales. Esto también tendrá consecuencias a la hora de fijar la servidumbre de protección. Sitios como Es Trenc podrían cambiar los deslindes del dominio público de forma notable, reduciendo su alcance, prácticamente en la primera duna.

Las salinas volverán a ser privadas y en determinados casos se podrá edificar de nuevo a 20 metros del mar. Con la modificación de la Ley de Costas, se equipararía a suelos urbanos aquellos terrenos que tengan servicios, o que formen parte de una zona transformada en un tercio de su superficie. Este punto podía interpretarse como unos salida para poder seguir las obras, por ejemplo de de Ses Covetes, Moli d’en Regalado y tantos otros lugares.

Todo ello supone una clara desprotección del territorio, ¿hasta qué punto es cierta la percepción que uno puede tener con esta ofensiva en materia ambiental todo está nuevamente en juego?

Ahora todo depende de la capacidad inversora. El territorio, todo, está de nuevo en venta y los espacios naturales se están mercantilizando en detrimento de su conservación. Si surgen grupos inversores o iniciativas privadas, tendrán el apoyo del Gobierno, independientemente de si realmente las actividades o proyectos pueden tener consecuencias positivas desde el punto de vista económico más allá del proceso de ejecución de las obras y de la resolución de unos pocos intereses privados.

Cadena humana para la protección de Sa Ràpita, 29 de abril de 2012. Fotografía de GOB Mallorca.

Uno de los casos más sonados, y que provocó una fuerte movilización social, que encabezasteis desde el GOB, fue el del municipio de Campos. ¿Qué implicaciones tiene la declaración de interés autonómico que concedió el Gobierno de las Islas Baleares al proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al área natural de Es Trenc? ¿Cómo ha evolucionado este caso?

En estos momentos, el Ayuntamiento ha iniciado todos los cambios en su normativa municipal necesarios para poder garantizar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista urbanístico. Sin embargo no se ha presentado ninguna propuesta concreta del proyecto que se pretende desarrollar. Todo ello parece ser un juego más de la especulación sobre las posibilidades de urbanizar y edificar en estos terrenos sensibles desde el punto de vista ambiental por su proximidad al área natural, de la que debería impulsar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que en garantizara su conservación. Este Plan, debería incluir los terrenos donde se prevé instalar el hotel como zonas tampón para garantizar la preservación del área natural y por lo tanto se debería impedir cualquier tipo de desarrollo urbanístico y mantener en el su estado actual, es decir, totalmente virgen.

Pero por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, emitió una resolución obligando al propio ayuntamiento de Campos a derruir los apartamentos que se habían construido en Ses Covetes, en una lucha que duraba cerca de veinte años. ¿Cómo valoráis esta resolución? ¿Qué implicaciones puede tener en el contexto que acabas de describir de desprotección generalizada?

Sin duda se trata de una resolución que podemos calificar de histórica y un hito crucial de la lucha ecologista en Mallorca. La historia judicial de esta lucha deja bien claro que desde el ecologismo, con perseverancia, rigurosidad y el apoyo de grandes profesionales que colaboran con nuestra entidad –especialmente el grupo de abogados que ha llevado el caso durante todo estos años de lucha y movilización social– se pueden echar atrás barbaridades urbanísticas cometidas con la complicidad y aval político. Pienso que éste debe ser el principal mensaje que nos debe quedar en la cabeza después del 15 de mayo de 2013 que es la fecha límite que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares  –TSJIB– ha puesto al Ayuntamiento de Campos para ejecutar la demolición y restituir los terrenos al su estado original.

Imagen aérea de Ses Covetes. Fotografía de GOB Mallorca

Pero el caso de Campos no es el único. Se suceden los anuncios de proyectos turísticos, como hoteles, puertos deportivos, parques temáticos o campos de golf. Parece que, a pesar de la crisis, hay una auténtica fiebre urbanizadora en las islas. ¿Es real todo esto? ¿Qué valoración haces de esta nueva empuje constructora?

Se trata de un juego de poder y especulación: proyectos fantasma aparecen y desaparecen para ver “cómo está el terreno”, no sólo el territorio sino también el “terreno político”: es decir, pretenden medir hasta dónde se puede presionar para conseguir seguir impulsando las dinámicas propias del capitalismo más duro a costa del territorio y la sociedad. En este juego, promotores y entidades financieras juegan fuerte y desgraciadamente reciben todo el apoyo y complicidad de unos políticos que son incapaces de reinventarse para ofrecer alternativas reales. Al contrario, repiten los mismos errores, desacreditando la actividad política, rindiendo culto a la corrupción y alejado a cada vez más de la sociedad por su inoperancia, ineptitud e intereses no transparentes.

Por si fuera poco, en Mallorca recientemente se ha puesto en marcha un proyecto de importación de residuos con el que alimentar la planta incineradora de Son Reus. ¿Quién está detrás de esta iniciativa y a qué responde? ¿Y qué impactos ambientales puede tener?

En Mallorca en 2007 se autorizó la construcción de una macroincineradora sobredimensionada respecto a las necesidades reales de Mallorca, pagada con dinero público, para impulsar el negocio que la empresa privada TIRME –empresa propiedad de Enel Green Power, Iberdrola, FCC y Urbaser (filial de ACS)– hacía con la construcción de la infraestructura y posteriormente con la quema de residuos y la producción de energía eléctrica.

Así en Mallorca, la gestión de los residuos quedó sometida a las ganancias e intereses de una empresa privada, con la que el Consejo firmó un contrato en términos de concesión de un servicio público, de acuerdo con el cual TIRME no tiene límites en sus márgenes de beneficios ya través del cual se pactó una fórmula para la tarifa que pagamos los ciudadanos en la que TIRME nunca pierde y que siempre crece a pesar de las incineradora funcione al 100% de su rendimiento (a pesar para ello necesite importar residuos). Un futuro que quedó blindado y hipotecado hasta el año 2041.

Ahora nos venden como necesaria la importación de residuos y lo visten con eufemismos (combustibles sólidos recuperados, exportación de servicios ambientales, valorización energética …) y falsedades (producción de energía renovable, disminución de la emisión de gases efecto invernadero, generación de puestos de trabajo ….). En realidad se trata de un negocio de compraventa de residuos para garantizar las ganancias de TIRME que, pese a la crisis, cerró el 2012 con un 23% más de beneficio que el año anterior, exportando a la población mallorquina la contaminación vinculada al proceso de incineración del agua, el aire y el suelo y la emisión de partículas cancerígenas que científicamente está demostrado que incineran en los casos de muertes por cáncer y en la incidencia de otras patologías graves.

Cadena humana contra la incineradora, Port de Palma, 26 de enero de 2013. Fotografía de GOB Mallorca.

¿Y hasta qué punto este tipo de iniciativa es contradictoria con el mismo proceso de especialización turística de las Islas? ¿Cómo se entiende? ¿Qué escenario prevéis?

Obviamente, convertirnos en el estercolero de Europa no es una imagen muy atractiva desde el punto de vista turístico. Buena muestra de ello son las reacciones que ya ha habido en algunos medios internacionales que han calificado el tema como “un atentado en la isla”.

Sólo se entiende desde la lógica de los beneficios de la empresa concesionaria. En esta perversa operación, es la única que sale ganando, por tanto, o se revisa toda la relación contractual con esta empresa y se abordan las cláusulas que rigen esta concesión del servicio público o Mallorca tiene el futuro hipotecado ambientalmente, turísticamente, económicamente y obviamente también desde el punto de vista de la salud pública.

Tras este repaso, todo parece indicar que con la coartada de la crisis, determinados sectores estén atreviendo a hacer cosas que pocos tiempo atrás serían inimaginables. ¿Qué balance haces? ¿Qué supone esto para el movimiento ecologista y para el GOB en particular?

Efectivamente, cuando la crisis parecía que representaría una oportunidad para rectificar los errores cometidos en el pasado y redefinir las bases para un nuevo orden económico, desde la política se apuesta por dar continuidad a una lógica perversa protegiendo los principales culpables de la actual situación y dejando cada vez más vulnerables del territorio, el medio ambiente y las personas. De esto último son claros ejemplos del escandaloso rescate a la banca o la reforma laboral impulsada por el gobierno Rajoy o los recortes de derechos laborales obtenidos tras décadas de lucha social obrera, o la precariedad de las relaciones contractuales de la gente que viene a nuestro pequeño país buscando una manera digna de vivir … todo ello obliga al movimientos sociales a trabajar conjuntamente contra las raíces de esta crisis, porque son las mismas las que provocan el deterioro ambiental, social y democrático.

El movimiento ecologista debe ser capaz de construir alternativas reales desde la calle mientras continúa el trabajo de incidencia política, consciente pero que la realidad política que pretende cambiar ya no es susceptible de ser negociada a la baja, sino que hay que ser reinventada desde las bases, desde la sociedad y por lo tanto desde el activismo que cree en la revolución como camino hacia la esperanza de que efectivamente “otro mundo es posible”, y ahora ya, imprescindible.