El turismo como única verdad de la Ley de Costas

Por  TER GARCÍA

Simplificación de la normativa ambiental”, “agilizar trámites”, “ir de lamano de los empresarios”, etc. Elministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAM), Miguel Arias Cañete, ha anunciadouna reforma de la Ley de Costas queha hecho sonar las alamas de losgrupos ecologistas y hasta de lospropietarios afectados por la norma, que ven en este anuncio la intención de abrir la puerta a nuevosnegocios urbanísticos en los tramosde costa que aún quedan libres y olvidarse de los problemas de los propietarios de viviendas.

Aunque aúnno se saben todos los detalles, loque Arias Cañete ya ha dejado claroes que su objetivo prioritario es“compatibilizar la protección del espacio natural con actividades eco-nómicas que creen empleo y riqueza”. Para ello ya ha anunciado queaumentará el plazo de las concesiones para los propietarios, la posibilidad de vender derechos de ocupación de las concesiones, mayor flexibilidad para realizar obras en lacosta, la apertura a nuevos usos dellitoral, posibles cambios en los criterios para definir un terreno comode dominio público, la desprotección de las zonas que se considerenya degradadas y agilizar los trámites para su desprotección. En resumen: más libertad para que se pueda sacar dinero de la costa..

La inversión extranjera primero

Los grupos ecologistas han puesto elgrito en el cielo ante lo que interpretan como una nueva amenaza al litoral. Ecologistas en Acción ha acusado al ministerio de “dar rienda sueltaa la privatización” con esta reforma yrecuerda que, aún con la ley de 1988,el litoral ha sido víctima de la especulación durante los últimos veinteaños, por lo que, en vez de reformarla normativa, debería fortalecer estrategias de protección ya existentes. Desde Greenpeace advierten que“autorizar nuevos usos es abrir lapuerta a un montón de amigos quetienen sus ojos puestos en los últimos tramos de costa sin construir”,según afirma Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas.

La organización advierte que cambiarlos criterio para los deslindes, que aún no se han ejecutado completamente, tendría un ingente gasto económico ya que supondría la compensación de los derribos ya ejecutados de propiedades y alerta de que estos cambios en la ley podrían dar luz verde a proyectos como el Algarrobico, Marina de Cope o la construcción de diez nuevos puertos deportivos en Baleares, por ahora paralizados.

Precisamente en Baleares la situación que provocaría la reforma de la Ley de Costas es especialmente preocupante debido a que se sumaría a la Ley General Turística de las islas, que entrará en vigor en la próxima temporada, y al bloqueo del Plan Hidrológico de Baleares, elaborado hace un año con “bastante participación social”, según explica Sandy Hemingway, de Amics de la Terra Mallorca y que con el cambio de Gobierno ha sido paralizado “seguramente para poder eliminar la protección de las zonas húmedas y permitir su urbanización”. “Aquí la gran prioridad es conseguir inversiones extranjeras y para ello están dispuestos a abandonar el medioambiente a su suerte”, sentencia Hemingway.La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas también mira con recelo la reforma anunciada por Arias Cañete.

“Tengo la intuición de que no va a servir a los afectados, y no es una intuición infundada, por lo que ha dicho el ministro y por sus silencios”, explica José Ortega, secretario y asesor jurídico de la plataforma. Hasta el momento,el Ministerio no ha contestado a la solicitud de audiencia de la plataforma, a pesar de que hace dos años que tiene en su cajón su propuesta de reforma, el tiempo que Europa lleva recomendando a España que cambie la ley para garantizar los derechos de los propietarios. “Es un mal síntoma”, comenta Ortega a DIAGONAL.

La plataforma afirma que el Ministerio está haciendo “un uso muy medido de la retórica para llamar la atención de los afectados, como estrategia política, para ganarse su simpatía” pero no ven signos en el anuncio de Arias Cañete de que esta reforma sirva para ayudar a los afectados. Lo que sí ven es el peligro de nuevas “arbitrariedades” con la posible desafección de las zonas que consideren ya degradadas. “Todo se resume en un concepto simplista, el Estado vive del turismo. Ya un anterior director de Costas dijo que iban a limpiar las playas para promover un turismo de calidad, y quieren hacerlo gratis”.

 Publicado en diagonalperiodico.net