Queda derribado este pantano

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En las décadas de los cincuenta y los sesenta, el dictador Francisco Franco recorrió, tijera en mano, la geografía española inaugurando pantanos, presas y embalses. Era la forma de hablarle a España y al mundo sobre esa supuesta prosperidad, en forma de inversión pública y obra hidráulica de dimensiones faraónicas, que recorría el país del uno al otro confín. Casi tres cuartos de siglo después de aquellos fastos de cemento, hormigón y agua almacenada, lo que un día fue símbolo de avance tecnológico, económico y social para las regiones bendecidas con aquellas macro instalaciones hoy es visto por muchos como un inútil vestigio del pasado y, sobre todo, un enemigo de la sostenibilidad. 

Así se ha puesto de manifiesto a raíz de la reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler la vieja presa de Los Toranes, sobre el río Mijares, en Teruel. ¿Las razones? Por un lado, la concesión que disfrutaba Iberdrola para la explotación hidroeléctrica de la presa llegaba a termino. Por otro, su mantenimiento, según afirmaba un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), era de rentabilidad dudosa, además de «contrario al interés público, a las exigencias medioambientales y al plan hidrológico».

La mayor parte de las presas han superado su vida útil, que oscila entre los 50 y los 100 años

La Unión Europea ha pedido, a través de sucesivas directivas, a sus Estados Miembros la retirada de este tipo de obstáculos artificiales de los ríos como medida imprescindible de cara a recuperar los ecosistemas fluviales. Según las organizaciones ecologistas, también contrarias a las presas, estas infraestructuras provocan cambios físicoquímicos en los ríos, además de alterar su curso ecológico, los flujos naturales, los sedimentos y la biomasa formada por organismos acuáticos como los peces. Y no solo eso: otro estudio, esta vez de la Universidad Naciones Unidas (UNU-INWEH), advierte que muchas de estas obras se han quedado obsoletas y han superado su vida útil, que oscila entre los 50 y 100 años. De hecho, según estas conclusiones, la mayor parte de la humanidad vivirá amenazada por viejas presas en 2050.

¡Mi presa no!

A pesar de los numerosos argumentos, la decisión de echar abajo una presa que llevaba en pie desde el año 1943 ha levantado ampollas entre los habitantes de la zona, que ven peligrar una de sus tradicionales fuentes de ingresos directos (los empleos que proporciona la instalación) y beneficios indirectos (riego para los cultivos, control frente a inundaciones, turismo, etc.). Según los defensores de la vieja construcción, los escenarios catastrofistas presentados por los ecologistas no solo son infundados, sino que la presencia de la presa sigue siendo una importante fuente de riqueza para la comunidad. Como resultado de esta divergencia de pareceres, vecinos, políticos, ecologistas y la empresa concesionaria se han enzarzado en un cruce de acusaciones y denuncias judiciales que ha llevado la cuestión ante los tribunales, con la decisión en suspenso hasta que se produzca un fallo definitivo.

De seguir las políticas medioambientales europeas sin un diálogo claro, el caso de Los Toranes (Teruel) podría replicarse en más de un millar de grandes presas

La crisis a cuenta del posible derribo Los Toranes pone de relieve que, a pesar de la aparente unidad de discurso en cuanto a la necesidad de presentar un frente común para combatir la emergencia climática, cuando se trata de aplicar medidas concretas que puedan afectar al interés particular, a ese consenso entre los diferentes actores se le saltan los puntos con relativa facilidad. Unos y otros miran por ‘lo suyo’ y lo defienden con una visión particular acerca de lo que supone la sostenibilidad y del mejor camino para alcanzarla. El caso de esta presa, en la que partidarios y detractores de su derribo acaban justificando sus respectivas posiciones con la promesa, casi calcada, de un entorno más sostenible para la comarca, es paradigmático.

En España existen nada menos que 1.225 grandes presas, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza de la Unión Europea en este tipo de construcciones. Y en al menos una treintena de ellas, de jurisdicción estatal y con contratos de concesión a empresas privadas próximos a expirar, podría repetirse el conflicto de la presa Los Toranes en caso de que el Gobierno opte por alinearse con las políticas medioambientales europeas. La realidad es que, mientras no exista una verdadera voluntad de entendimiento, diálogo y unidad de acción frente a la crisis climática, aun cuando las medidas puedan suponer inconvenientes para un determinado colectivo, esas declaraciones en las que unos y otros abogan por luchar juntos en la defensa del planeta quedarán en papel mojado.

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