Cómo ganan los demagogos

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Monarquía, tiranía, oligarquía, democracia: todas estas formas de organizar las sociedades ya les resultaban familiares a Platón y Aristóteles hace más de dos mil años. Pero el Estado unipartidista antiliberal que hoy está presente en todas partes del mundo —piénsese en China, Venezuela o Zimbabue— no surgiría hasta 1917, cuando se desarrolló en Rusia de la mano de Lenin. En los manuales de ciencias políticas del futuro tal vez se recordará al fundador de la Unión Soviética no solo por sus ideas marxistas, sino también por ser el inventor de esta persistente forma de organización política. Es el modelo que utilizan hoy muchos de los autócratas del mundo.

A diferencia del marxismo, el Estado unipartidista antiliberal no es una filosófica política. Es un mecanismo para mantener el poder que funciona a las mil maravillas en compañía de múltiples ideologías. Y lo hace porque define con nitidez quién constituye la élite, ya sea política, cultural o financiera. En las monarquías de la Francia y Rusia prerrevolucionarias, el derecho a gobernar se asignaba a la aristocracia, que se definía por rígidos códigos de estirpe y etiqueta. En las democracias occidentales modernas, el derecho a gobernar se otorga, al menos en teoría, mediante diferentes formas de competencia: las campañas electorales y las votaciones, las pruebas meritocráticas que determinan el acceso a la enseñanza superior y la administración pública, y los mercados libres.

El Estado unipartidista antiliberal no es una filosófica política. Es un mecanismo para mantener el poder que funciona a las mil maravillas en compañía de múltiples ideologías

También las jerarquías sociales obsoletas suelen desempeñar un papel más o menos preponderante, pero en Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y, hasta hace poco, Polonia, la mayoría de la gente solía dar por sentado que la competencia democrática era la forma más justa y eficiente de distribuir el poder. Deberían gobernar los políticos más convincentes y capaces. Las instituciones del Estado —la judicatura, la administración pública…— deberían estar en manos de personas cualificadas. Las disputas entre ellos deberían dirimirse en igualdad de condiciones a fin de garantizar un resultado justo.

El Estado unipartidista de Lenin se basó en otros valores distintos. Derrocó al orden aristocrático, pero no lo sustituyó por un modelo competitivo. El Estado unipartidista bolchevique no era meramente antidemocrático: era también anticompetitivo y antimeritocrático. Las plazas universitarias, los puestos relacionados con los derechos civiles o los cargos de responsabilidad en el Gobierno y la industria no se asignaban a los más trabajadores ni a los más capaces, sino a los más leales. Las personas progresaban no gracias a su aplicación o su talento, sino porque estaban dispuestas a plegarse a las normas del partido. Aunque esas normas eran distintas en diferentes momentos, mantenían su coherencia en ciertos aspectos. Por regla general, excluían a la antigua élite gobernante y a su descendencia, así como a los grupos étnicos considerados sospechosos. Por el contrario, favorecían a los hijos de la clase trabajadora, y sobre todo a las personas que profesaban en voz alta su fe en el partido, asistían a los mítines de este y participaban en las demostraciones públicas de entusiasmo.

A diferencia de una oligarquía normal, el Estado unipartidista permite la movilidad ascendente: los auténticos creyentes pueden progresar, una perspectiva que resulta especialmente atractiva para aquellos a quienes el régimen o la sociedad anterior no habían permitido ascender. Arendt ya observaba en la década de 1940 la atracción que ejercía el autoritarismo en las personas que estaban resentidas o se sentían fracasadas, cuando escribía que el Estado unipartidista del peor tipo «reemplaza de manera invariable a todos los talentos de primer orden, independientemente de sus simpatías, por necios y chiflados cuya falta de inteligencia y creatividad sigue siendo la mejor garantía de su lealtad».

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La mofa que hace la extrema izquierda de las instituciones competitivas de la «democracia burguesa» y el capitalismo, su escepticismo con respecto a la posibilidad de un mínimo de objetividad en los medios de comunicación, la administración pública o la judicatura, también tiene desde hace tiempo una versión de derechas. El ejemplo habitual es la Alemania de Hitler. Pero hay muchos otros, que van desde la España de Franco hasta el Chile de Pinochet. El apartheid de Sudáfrica fue en la práctica un Estado unipartidista que corrompió a su prensa y a su judicatura para excluir a los negros de la vida política y promover los intereses de los afrikáners, sudafricanos blancos descendientes principalmente de colonos neerlandeses que no lograban medrar en la economía capitalista creada por el imperio británico.

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Esta forma de dictadura blanda no requiere una violencia masiva para mantener el poder. Lejos de ello, opera apoyándose en un cuadro de élites que dirigen la burocracia, los medios de comunicación públicos, los tribunales y, en algunos lugares, las empresas de titularidad pública. Esos modernos clercs entienden muy bien su papel, que consiste en defender a los líderes por más deshonestas que sean sus declaraciones, por más extendida que sea su corrupción y por más desastroso que resulte su impacto en las instituciones y en la gente corriente. A cambio, saben que serán recompensados y promocionados. Los más estrechos colaboradores del líder del partido pueden llegar a hacerse muy ricos y obtener lucrativos contratos, o puestos en los consejos de administración de las empresas públicas, sin tener que competir por ellos. Otros pueden contar con un salario público, además de protección frente a potenciales acusaciones de corrupción o incompetencia: por muy mal que lo hagan, no perderán su trabajo.


Este artículo es un fragmento del libro ‘El ocaso de la democracia. La seducción del autoritarismo‘ (Debate), por Anne Applebaum.

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